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Novedades jurídicas de junio de 2021

LEGISLACIÓN ESTATAL

• Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.

– Publicado en el BOE el 2 de junio. Transpone al ordenamiento jurídico interno la Directiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, y tiene por objeto establecer las condiciones técnicas y administrativas que deben regir la realización de las certificaciones de eficiencia energética de los edificios.

• Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia

– Publicada en el BOE el 5 de junio. Tiene por objeto garantizar los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes a su integridad física, psíquica, psicológica y moral frente a cualquier forma de violencia, asegurando el libre desarrollo de su personalidad y estableciendo medidas de protección integral, que incluyan la sensibilización, la prevención, la detección precoz, la protección y la reparación del daño en todos los ámbitos en los que se desarrolla su vida.

• Real Decreto 401/2021, de 8 de junio, por el que se aprueban las medidas necesarias para que las comunidades autónomas puedan utilizar los recursos del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, a fin de hacer frente a las compensaciones que procedan, y por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento de la compensación a los propietarios y arrendadores a que se refieren los artículos 1 y 1 bis del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

– Publicado en el BOE el 9 de junio. Tiene por objeto adoptar las medidas necesarias para que las comunidades autónomas puedan utilizar los recursos del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, para hacer frente a las compensaciones a los propietarios y arrendadores que vieron suspendidos los procedimientos de desahucio y los lanzamientos durante el estado de alarma. También regula el procedimiento para la tramitación de estas compensaciones, que se iniciará a instancia de parte mediante solicitud a presentar antes del 9 de septiembre de 2021.

• Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética y en materia de generación de energía, y sobre gestión del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua.

– Publicado en el BOE el 25 de junio. Fija en un 10% el tipo impositivo del IVA aplicable a determinadas entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de energía eléctrica, y modifica los criterios de determinación de la base imponible y del importe de los pagos fraccionados del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica durante el ejercicio 2021.

TRIBUNAL SUPREMO

• Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) de 29 de marzo de 2021. Número 176/2021.

– El Tribunal Supremo establece:

Que el requerimiento de pago de renta o cantidades asimiladas al arrendatario ha de ser fehaciente y con claridad suficiente, de lo contrario no puede evitar la enervación de la acción de desahucio.

• Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) de 24 de febrero de 2021. Número 102/2021.

– El Tribunal Supremo establece:

Que el socio de una sociedad de capital que ha ejercitado el derecho de separación, pero todavía no ha recibido el valor de su participación social, tiene derecho de asistencia y voto en la junta general.

• Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-administrativo) de 22 de marzo de 2021. Número 399/2021.

– El Tribunal Supremo establece:

Que es válida la cláusula contenida en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen el contrato, por la que el concesionario renuncia a la indemnización por cualquier concepto.

• Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-administrativo) de 5 de mayo de 2021. Número 624/2021.

– El Tribunal Supremo resuelve:

Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el Programa de Prevención y Gestión de Residuos y Recursos de Cataluña (PRECAT20). Declara nulos el artículo 6, apartado 3, párrafo 5º, parágrafos c) y d) del Real Decreto que aprueba el PRECAT20, así como los apartados 4b.9; 5b.2, 6b-24-25 y 26 del mismo PRECAT20.

• Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-administrativo) de 31 de mayo de 2021. Número 762/2021.

– El Tribunal Supremo establece:

El deber de la Administración de dar un plazo de diez días para la subsanación de las solicitudes que hayan omitido la «firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio», de conformidad con los artículos 66.1.e) y 68 de la Ley 39/2015, es también aplicable a la firma electrónica y a cualquier «acreditación de la autenticidad de la voluntad» del solicitante, como podría ser el paso final de validar lo formulado y enviarlo por vía electrónica.

• Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo) de 19 de abril de 2021. Número 441/2021.

– El Tribunal Supremo resuelve:

Estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo núm. 755/2015, interpuesto contra el Real Decreto 198/2015, de 23 de marzo, por el que se desarrolla el artículo 112 bis del texto refundido de la Ley de Aguas y se regula el canon por utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica en las demarcaciones intercomunitarias. Declara nulas la disposición transitoria segunda y la disposición adicional primera del citado Real Decreto.

• Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-administrativo) de 6 de mayo de 2021. Número 649/2021.

– El Tribunal Supremo establece:

Que la paralización del procedimiento administrativo sancionador durante un plazo superior a un mes reinicia el plazo de prescripción de la infracción, en cuyo cómputo queda excluido el mencionado plazo mensual de paralización.

• Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-administrativo) de 31 de mayo de 2021. Número 764/2021.

– El Tribunal Supremo establece:

Que no se puede cobrar al consumidor el cambio de contador del gas ni en caso de fraude, de haber sido manipulado por el mismo.

• Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-administrativo) de 25 de mayo de 2021. Número 732/2021.

– El Tribunal Supremo declara:

Que a tenor de los artículos 80.1 y 81.1 y 2 de la LJCA , son recurribles en apelación las resoluciones de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, revistan forma de sentencia o de auto, que declaran la inadmisibilidad del recurso, con independencia de que la cuantía del pleito no supere los 30.000 euros.

• Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-administrativo) de 27 de mayo de 2021. Número 749/2021.

– El Tribunal Supremo determina:

Que un plan de ordenación urbanística aprobado mediante actos sucesivos es nulo de pleno derecho cuando su resultado final difiera radicalmente del inicialmente propuesto y afecte a aspectos sustanciales y estructurales del mismo, en la medida en que ni se mantenga el modelo de ciudad decidido por el Ayuntamiento en el ejercicio de su autonomía municipal ni los ciudadanos puedan pronunciarse sobre el distinto modelo de ciudad que resulta de dicho proceso de aprobación sucesiva y fragmentaria.

• Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-administrativo) de 26 de mayo de 2021. Número 746/2021.

– El Tribunal Supremo determina:

Que el órgano ambiental competente puede modificar de oficio una autorización ambiental integrada (AAI) en cualquier momento, incluso sin haber cambiado las circunstancias de la instalación o de sus impactos que concurrieron en la tramitación y resolución inicial, siempre que concurran los siguientes requisitos:

o Que lo haga ateniéndose a los principios de cautela y de acción preventiva.
o Que se ajuste a la finalidad de la AAI, esto es, a garantizar, mediante la imposición de determinadas condiciones, que una determinada actividad que se pretende desarrollar no comporta un deterioro del medio ambiente mediante contaminación.
o Que motive de modo razonable y suficiente que la imposición de la nueva condición está justificada y es proporcionada al objetivo que se pretende conseguir.

• Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-administrativo) de 27 de mayo de 2021. Número 749/2021.

– El Tribunal Supremo determina:

Que es de carácter obligatorio que las compañías telefónicas faciliten al usuario con carácter previo y por escrito, las condiciones generales de contratación cuando sean solicitadas expresamente por el cliente, aunque dicha contratación se realice telefónicamente.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA

• Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 10 de junio de 2021. Asunto C‑609/19 y asuntos acumulados C‑776/19 a C‑782/19.

– El Tribunal determina:

Que los préstamos en moneda extranjera con cláusulas abusivas no están sujetos a plazo de prescripción para reclamar.

TRIBUNAL CATALÀ DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC

• Resolución 177/2021, de 9 de junio.

Sobre la interpretación estricta y restrictiva de las prohibiciones de contratar. Existencia de indicios contundentes y conclusivos que permiten afirmar que la empresa recurrente es continuación de una empresa con prohibición para contractar ex artículo 71.1 c) LCSP. Especial análisis de los medios humanos, fechas y objeto social de las empresas.

• Resolución 185/2021, de 16 de junio.

Sobre el contenido y especialidad del PCAP y del PPT. El régimen económico debe estar regulado por el PCAP. Indeterminación de la aplicación de los parámetros previstos y de la forma de valorar las ofertas presentadas.

• Resolución 189/2021, de 16 de junio.

Sobre un contrato de suministro e instalación de luminarias LED. No se aprecia la concurrencia de exigencia de acreditación documental desmedida, innecesaria ni restrictiva. Discrecionalidad técnica en la definición de las especificaciones técnicas del producto justificadas de forma razonable y coherente.

• Resolución 192/2021, de 16 de junio.

Sobre la falta de indicación de la preceptiva justificación de los criterios de adjudicación ex artículo 116.4 LCSP. Imposibilidad de revisión de los criterios por insuficiencia de justificación.

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

• Resolución 709/2021, de 17 de junio.

Recurso contra adjudicación de un contrato de servicios. La valoración de los criterios no sometidos a juicio de valor no se efectúa en igualdad de condiciones. Cuando se admite para alguno de los licitadores un documento no enunciado en los pliegos, debería al menos permitirse a los demás aportar dicho documento.

• Resolución 712/2021, de 17 de junio.

Recurso contra anuncio de licitación y pliegos en contrato mixto de suministro e instalación. No se desglosan los pliegos ni se incluyen en el precio del contrato el coste de las obras accesorias de ubicación e instalación de los equipos.

• Resolución 718/2021, de 17 de junio.

Recurso contra adjudicación en contrato de servicios derivado de un acuerdo marco. Artículo 149.2 de la LCSP. Siendo un contrato basado en el que el precio es el único criterio de adjudicación, a falta de regulación específica del pliego es de aplicación supletoria el artículo 85 del Reglamento General de Contratación. La mesa de contratación no ha tenido en cuenta si las ofertas presentadas eran anormalmente bajas de acuerdo con el precepto indicado.

• Resolución 676/2021, de 4 de junio.

Recurso contra exclusión y adjudicación en contrato de servicios. Desestimación del recurso frente a la exclusión de una de las integrantes de la UTE, porque su objeto social no coincide con las actividades objeto de licitación, sin que este requisito pueda completarse atendiendo a la capacidad de obrar del resto de miembros de la UTE. Todas las empresas que integran una UTE tienen que acreditar una relación directa o indirecta entre su objeto social y las prestaciones incluidas en el objeto del contrato. Cada una de ellas tiene que acreditar el cumplimiento de los requisitos de capacidad de obrar, entre los que se halla la adecuación entre sus fines, objeto y ámbito de actividad y las prestaciones objeto del contrato.

JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO

• Informe de 10 de junio de 2021. Expediente: 21/21

La Disposición adicional tercera. 8 de la LCSP exige el informe jurídico del Secretario de la entidad local antes de la aprobación de los expedientes de contratación también en el caso de los contratos menores.

• Informe de 10 de junio de 2021. Expediente: 13/2021

Sobre la calificación jurídica de los contratos de prestación de servicios en la nube, cuándo deben ser considerados contratos de suministros y cuándo deben ser considerados de servicios. Los contratos por los que las entidades públicas adquieren el derecho de uso de activos de software en la nube son contratos de suministro conforme a lo dispuesto en el artículo 16.3 b) de la LCSP, a menos que se trate del desarrollo de programas de ordenador a medida del órgano de contratación en la nube, que serán contratos de servicios.

• Informe de 10 de junio de 2021. Expediente 6/2021

Sobre la interpretación del artículo 150.2 de la LCSP. Habrá de concederse un trámite de subsanación de la documentación presentada en el requerimiento contemplado en el artículo 150.2 de la LCSP cuando la omisión del licitador no implique un incumplimiento absoluto de la obligación de atender el citado requerimiento, de modo que sea posible subsanar la acreditación de la existencia de los requisitos legalmente establecidos en una fecha anterior la finalización del plazo establecido para aportar la documentación.

• Informe de 10 de junio de 2021.

Sobre la contratación de servicios de defensa jurídica. Solo resulta posible utilizar el procedimiento negociado sin publicidad para contratar los servicios de asesoría y defensa jurídica en supuestos excepcionales y verdaderamente singulares y siempre que se haya justificado adecuadamente en los supuestos enumerados en el artículo 168 de la LCSP y dejado constancia de ello en el expediente de contratación.

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