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Novedades jurídicas de noviembre de 2021

NORMATIVA ESTATAL

• Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de bonos garantizados, distribución transfronteriza de organismos de inversión colectiva, datos abiertos y reutilización de la información del sector público, ejercicio de derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea y a las retransmisiones de programas de radio y televisión, exenciones temporales a determinadas importaciones y suministros, de personas consumidoras y para la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes.

– Publicado en el BOE el 3 de noviembre. Mediante este Real-Decreto ley, se transponen al ordenamiento jurídico español distintas directivas de la Unión Europea.

El libro primero transpone la Directiva (UE) 2019/2162 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de 2019 sobre la emisión y la supervisión pública de bonos garantizados (covered bons) y por la que se modifican las Directivas 2009/65/CE y 2014/59/UE. Este libro primero aborda distintos aspectos muy vinculados a las condiciones de emisión de los bonos garantizados: quién puede ser emisor, cuáles son las características que debe presentar el conjunto de cobertura, cuáles son las reglas aplicables en caso de concurso del emisor, el organismo de control del conjunto de cobertura, y la obligación de disponer de un colchón de liquidez.

Se ha diferido la entrada en vigor del libro primero del RD-ley al 8 de julio de 2022, debido a la necesidad de un período de adaptación del mercado a la nueva situación.

Por su parte, el libro segundo transpone la Directiva (UE) 2019/1160 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019 por la que se modifican las Directivas 2009/65/CE y 2011/61/UE en lo que respecta a la distribución transfronteriza de organismos de inversión colectiva. Para la transposición de esta directiva se introducen modificaciones tanto en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, como en la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado.

Este libro segundo se orienta a mejorar las condiciones para la inversión colectiva transfronteriza avanzando en la estrategia de desbancarización de la economía europea y facilitando el acceso a la inversión de los clientes minoristas entre distintos los Estados miembros, garantizando en todo caso su adecuada protección.

El libro tercero incorpora al ordenamiento jurídico español las novedades que recoge la Directiva (UE) 2019/1024 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a los datos abiertos y la reutilización de la información del sector público. A tal fin, se modifican 10 artículos, una disposición adicional, la disposición transitoria única y el anexo de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público; se suprime una disposición adicional y se introducen 3 nuevos artículos.

El libro cuarto transpone la Directiva (UE) 2019/789 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril de 2019 por la que se establecen normas sobre el ejercicio de los derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea de los organismos de radiodifusión y a las retransmisiones de programas de radio y televisión. Las medidas incorporadas se centran en dos grandes áreas: mejorar el acceso seguro de las personas usuarias de Internet en la Unión Europea al contenido en línea protegido por derechos de propiedad intelectual, principalmente los contenidos pedagógicos o científicos, los programas de radio y televisión, las obras europeas audiovisuales y el patrimonio cultural, y garantizar un funcionamiento correcto y equitativo del mercado de los derechos de autor en el entorno digital.

El libro quinto del RD-ley incorpora al Derecho español la Directiva (UE) 2021/1159 del Consejo de 13 de julio de 2021, por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE en lo que respecta a las exenciones temporales relativas a las importaciones y a determinados suministros, en respuesta a la pandemia de COVID-19. Este libro quinto tiene efectos retroactivos, y resulta de aplicación des del 1 de enero de 2021.

Mediante el libro sexto se transpone la Directiva (UE) 2019/2161 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2019, por la que se modifica la Directiva 93/13/CEE del Consejo y las Directivas 98/6/CE, 2005/29/CE y 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que atañe a la mejora de la aplicación y la modernización de las normas de protección de los consumidores de la UE. Este libro moderniza la normativa de consumo en relación con determinadas prácticas contrarias a los intereses de las personas consumidoras que se dan en las relaciones de consumo a través de internet y que, hasta la fecha, no contaban con regulación específica.

Se ha diferido la entrada en vigor del libro sexto hasta el 28 de mayo de 2022.
El libro séptimo abarca la transposición de la Directiva (UE) 2019/1161, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, por la que se modifica la Directiva 2009/33/CE relativa a la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes. El objetivo de este libro es el de garantizar que los poderes adjudicadores y las entidades contratantes correspondientes tengan en cuenta, en la contratación pública relativa a los vehículos de transporte por carretera incluidos en su ámbito de aplicación, los impactos energético y medioambiental de estos durante su vida útil, a fin de promover y estimular el mercado de vehículos limpios y energéticamente eficientes y mejorar así la contribución del sector del transporte a las políticas en materia de medio ambiente, clima y energía de la Unión Europea.

• Real Decreto 948/2021, de 2 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas estatales destinadas a la ejecución de proyectos de inversión dentro del Plan de impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería (III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

– Publicado en el BOE el 3 de noviembre. Este real decreto tiene por objeto el establecimiento de las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a programas de apoyo para la realización de inversiones que impulsen la sostenibilidad y la competitividad de la agricultura y la ganadería a través de actuaciones de mejora en los sistemas de gestión de estiércoles en explotaciones ganaderas, la modernización y transformación integral de invernaderos de hortalizas, flor cortada y planta ornamental, la realización de actuaciones de eficiencia energética en explotaciones agropecuarias y el aprovechamiento energético de subproductos ganaderos y biomasa agrícola, así como el fomento de la aplicación de agricultura y ganadería de precisión y tecnologías 4.0.
Las solicitudes de ayuda correspondientes podrán cursarse a partir del momento y en la forma que establezcan las comunidades autónomas en sus respectivas convocatorias, sin que, en ningún caso, puedan presentarse con posterioridad al 30 de junio de 2023.

• Resolución de 13 de octubre de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado, en relación con el Decreto-ley 50/2020, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para estimular la promoción de vivienda con protección oficial y de nuevas modalidades de alojamiento en régimen de alquiler.

– Publicada en el BOE el 4 de noviembre. La Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado, de conformidad con las negociaciones previas celebradas, han llegado a un acuerdo para resolver las discrepancias competenciales suscitadas en relación con los artículos 2 y 4 del Decreto-ley 50/2020, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para estimular la promoción de vivienda con protección oficial y de nuevas modalidades de alojamiento en régimen de alquiler. No se ha visto modificado el articulado de la norma.

• Real Decreto-ley 25/2021, de 8 de noviembre, de medidas en materia de Seguridad Social y otras medidas fiscales de apoyo social.

– Publicado en el BOE el 9 de noviembre. Mediante este RD-ley, se concede un crédito extraordinario por importe de 5.012 millones de euros al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para equilibrar el impacto en las cuentas de la Seguridad Social derivado del COVID-19.

• Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

– Publicado en el BOE el 9 de noviembre. La norma ofrece la opción al contribuyente de optar por dos métodos distintos de determinación de la base imponible del tributo. Por un lado, se mejora el método de estimación objetiva para que refleje la realidad del mercado inmobiliario.
Como alternativa, el contribuyente tiene la opción de aplicar el método de estimación real, de forma que se permite que la base imponible del impuesto sea la diferencia entre el valor de transmisión del suelo y el de su adquisición. La aplicación de este sistema quedará sujeto a que, efectivamente, se demuestre que la plusvalía real obtenida resulta inferior a la resultante de la aplicación del método de estimación objetiva.

• Real Decreto 970/2021, de 8 de noviembre, por el que se modifican el Real Decreto 1644/1997, de 31 de octubre, relativo a las normas de autorización administrativa y requisitos de solvencia de las sociedades de reafianzamiento, el Real Decreto 2660/1998, de 14 de diciembre, sobre el cambio de moneda extranjera en establecimientos abiertos al público distintos de las entidades de crédito, y el Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.

– Publicado en el BOE el 9 de noviembre. La norma tiene por objeto desarrollar los aspectos reglamentarios del Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación de daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios transnacionales y defensa de los consumidores.
El real decreto dota de mayor capacidad al Banco de España para establecer requerimientos de capital adicionales a las sociedades de reafianzamiento y para exigir un colchón de capital adicional a una entidad de crédito o a varios subconjuntos de entidades para todas las exposiciones crediticias o para un grupo de las mismas.
Además, el real decreto modifica el RD 2660/1998 con el fin de equiparar los procedimientos de valoración de idoneidad de los altos cargos de sociedades de reafianzamiento y establecimientos de cambio de moneda al establecido para las entidades de pago y entidades de crédito.

• Resolución de 28 de octubre de 2021, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se fijan los precios definitivos del combustible gas natural del segundo semestre de 2020, a aplicar en la liquidación de cada grupo generador en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares para dicho periodo.

– Publicada en el BOE el 10 de noviembre. Mediante la presente Resolución se aprueban y fijan los precios definitivos del combustible, prc (c,i,h,j) en euros/tonelada, del gas natural para el segundo semestre de 2020 a aplicar en la liquidación de cada grupo
generador en el territorio no peninsular.

• Real Decreto-ley 27/2021, de 23 de noviembre, por el que se prorrogan determinadas medidas económicas para apoyar la recuperación.

– Publicado en el BOE el 24 de noviembre. Mediante este RD-ley, el Gobierno amplía la moratoria concursal hasta el 30 de junio de 2022, extiende los avales ICO y la no obligación de instar la disolución de las sociedades mercantiles por pérdidas incurridas en 2021.

• Real Decreto 1041/2021, de 23 de noviembre, por el que se modifican el Real Decreto 2606/1996, de 20 de diciembre, sobre fondos de garantía de depósitos de entidades de crédito; y el Real Decreto 1012/2015, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y por el que se modifica el Real Decreto 2606/1996, de 20 de diciembre, sobre fondos de garantía de depósitos de entidades de crédito.

– Publicado en el BOE el 24 de noviembre. Este real decreto está llamado a completar la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva (UE) 2019/879, de 20 de mayo de 2019, por la que se modifica la Directiva 2014/59/UE en relación con la capacidad de absorción de pérdidas y de recapitalización de las entidades de crédito y empresas de servicios de inversión. Para ello, se introducen las modificaciones oportunas en el Real Decreto 1012/2015, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y por el que se modifica el Real Decreto 2606/1996, de 20 de diciembre, sobre fondos de garantía de depósitos de entidades de crédito.

NORMATIVA AUTONÓMICA

• Edicto, de 26 de octubre de 2021, por el cual se somete a información pública el Proyecto de decreto del Reglamento de la Ley de facilitación de la actividad económica.

– Publicado en el DOGC el 2 de noviembre. El Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat está tramitando el Proyecto de decreto del Reglamento de la Ley 18/2020, de 28 de diciembre, de facilitación de la actividad económica.
A efectos de cumplir con el principio de participación ciudadana, se ha sometido el proyecto a información pública durante 15 días hábiles.

• Decreto Ley 25/2021, de 2 de noviembre, por el cual se establecen medidas organizativas en el ámbito de la atención sociosanitaria.

– Publicado en el DOGC el 4 de noviembre. Mediante este decreto ley se pretende dar respuesta a las deficiencias de los servicios sanitarios prestados por el Servei Català de la Salut detectadas como consecuencia del incremento de la demanda de servicios por la covid-19.

• Decreto-ley 21/2021, de 5 de octubre, por el que se crea el Fondo extraordinario adicional 2021 para los entes locales.

– Publicado en el BOE el 11 de noviembre. Mediante este decreto-ley, se crea un fondo extraordinario adicional para los entes locales de Cataluña, con una dotación de 100.000.000 de euros para paliar la pérdida de recaudación de los entes locales beneficiarios a causa de la crisis económica generada por la COVID-19.

• Resolución DSO/3349/2021, de 4 de noviembre, de modificación de la Resolución DSO/2485/2021, de 26 de julio, de la Agència de l’Habitatge de Catalunya, por la que se establece el procedimiento para reconocer la compensación a las personas propietarias y arrendadoras afectadas por la suspensión extraordinaria de los procedimientos de desahucio y lanzamientos para personas económicamente vulnerables sin alternativa residencial.

– Publicada en el DOGC el 11 de noviembre. Mediante la Resolución DSO/2485/2021, de 26 de julio, se reguló el procedimiento para la tramitación de las compensaciones a los propietarios y arrendadores que vieron suspendidos los procedimientos de desahucio y los lanzamientos durante el estado de alarma de conformidad con los artículos 1 y 1 bis del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo. En virtud de esta resolución, los interesados podían presentar la solicitud de compensación de forma electrónica o presencialmente ante la Agència de l’Habitatge de Catalunya, antes del 9 de septiembre de 2021.
Con la nueva resolución, se ha visto ampliado el plazo de solicitud de la compensación hasta el 31 de marzo de 2022.

• Resolución DSO/3373/2021, de 22 de octubre, de la Agència de l’Habitatge de Catalunya, por la cual se abre la convocatoria para el acceso, en régimen de concurrencia pública no competitiva, a ayudas en forma de préstamos a comunidades de propietarios de los barrios gestionados por la Agència de l’Habitatge de Catalunya, para la financiación de obras de rehabilitación de edificios de viviendas (ref. BDNS 594402).

– Publicada en el DOGC el 15 de noviembre. Mediante la Resolución, se abre la convocatoria para el acceso, en régimen de concurrencia pública no competitiva, a ayudas en forma de préstamos a comunidades de propietarios de los barrios gestionados por la Agència de l’Habitatge de Catalunya, para la financiación de obras de rehabilitación de edificios de viviendas.
La convocatoria de subvenciones se dirige a las comunidades de propietarios que quieran llevar a cabo obras de rehabilitación, al amparo de la Resolución DSO/3040/2021, de 7 de octubre, mediante la cual se aprobaron las bases reguladoras para el acceso a estas ayudas.
La dotación presupuestaria de esta convocatoria de subvenciones es de 5 millones de euros, con cargo al presupuesto de la Agència de l’Habitatge de Catalunya del ejercicio 2019, y el plazo para presentar solicitudes finaliza el 31 de diciembre de 2022.

• Resolución DSO/3429/2021, de 12 de noviembre, de la Agència de l’Habitatge de Catalunya, de segunda ampliación de la dotación presupuestaria de la Resolución TES/1169/2021, de 13 de abril, por la cual se abre la convocatoria para la concesión, en régimen de concurrencia pública competitiva, de las subvenciones para el pago del alquiler para el año 2021 (ref. BDNS 557755).

– Publicada en el DOGC el 19 de noviembre. La Resolución TES/1169/2021, de 13 de abril, por la cual se abrió la convocatoria para la concesión de las subvenciones, dispuso una dotación presupuestaria de 20 millones de euros.
Mediante la Resolución DSO/2842/2021, de 16 de septiembre, se amplió la dotación presupuestaria inicial en 58,7 millones de euros adicionales, resultando una dotación máxima presupuestaria de 78,7 millones.
Mediante la nueva Resolución publicada en el DOGC se ha ampliado el importe de la dotación de las subvenciones para el pago del alquiler para el año 2021 en la cuantía de 21,1 millones de euros adicionales.

NORMATIVA LOCAL

• Aprobación definitiva de las modificaciones del Reglamento del servicio metropolitano del ciclo integral del agua.

– Publicada en el BOPB el 12 de noviembre. El Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en sesión celebrada el 28 de septiembre, ha acordado aprobar de forma definitiva las modificaciones de los artículos 11, 40, 55, 60, 60bis, 112, 119, 124, 125, 127, 129, DA 1ª, DA 2ª, DA 3ª y DT 4ª del Reglamento del servicio metropolitano del ciclo integral del agua.

• Aprobación inicial del presupuesto general del Ayuntamiento de Barcelona para el año 2022.

– Publicado en el BOPB el 19 de noviembre. La Comissió d’Economia i Hisenda del Consell Municipal, en sesión celebrada el 17 de noviembre, ha aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Barcelona y de sus organismos autónomos para el ejercicio 2022. Los presupuestos estarán expuestos a información pública durante 15 días hábiles.

 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

• Sentencia, de 6 de octubre de 2021, del Pleno del TC, dictada en el recurso de inconstitucionalidad núm. 3866-2015.

– El Tribunal Constitucional declara:

Que la prisión permanente revisable constituye una pena proporcionada y no vulnera los principios de reeducación y reinserción social proclamados en la Constitución.

• Sentencia 186/2021, de 28 de octubre de 2021, del Pleno del TC, dictada en el recurso de inconstitucionalidad núm. 1200/2021.

– El Tribunal Constitucional estima:

El recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente del Gobierno respecto del artículo 88 de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2020, de 29 de abril, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público, y de creación del impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente. Declara la nulidad del precepto legal que fija, con efectos desde el 1 de enero de 2020, las cuantías del mínimo personal aplicables al tramo autonómico catalán del impuesto sobre la renta de las personas físicas.

• Sentencia 160/2021, de 4 de octubre de 2021, de la Sala Segunda del TC, dictada en el recurso de amparo núm. 3884-2017.

– El Tribunal Constitucional desestima:

El recurso de amparo interpuesto por un trabajador, en un procedimiento por despido, por supuesta vulneración del derecho a la protección de los datos de carácter personal por la utilización de la grabación de conversaciones telefónicas mantenidas con los clientes como medio de acreditación del incumplimiento grave de las obligaciones laborales.

• Sentencia 161/2021, de 4 de octubre de 2021, de la Sala Segunda del TC, dictada en el recurso de amparo núm. 2407-2019.

– El Tribunal Constitucional estima:

El recurso de amparo interpuesto por un particular, en un procedimiento de desahucio, por la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en cuanto las resoluciones judiciales del procedimiento no analizaron el fondo de la alegación de discapacidad cognitiva opuesta por el desahuciado.

• Sentencia 167/2021, de 4 de octubre de 2021, de la Sala Primera del TC, dictada en la cuestión de inconstitucionalidad núm. 3492-2021.

– El Tribunal Constitucional declara:

Que los preceptos legales relativos a la financiación autonómica de las plazas de las guarderías municipales (diversos apartados de la disposición adicional trigésima de la Ley del Parlamento de Cataluña 12/2009, de educación, en la redacción dada por la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2020) son constitucionales.

• Recurso de inconstitucionalidad n.º 5542-2021, contra el Decreto-ley 15/2021, de 6 de julio, de creación del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat de Catalunya.

– El Tribunal Constitucional ha acordado:

Por providencia de 28 de octubre de 2021, admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad número 5542-2021 contra el Decreto-ley 15/2021, de 6 de julio, de creación del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat de Catalunya.

• Recurso de inconstitucionalidad n.º 6003-2021, contra la disposición final primera, apartado cuarto, de la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016.

– El Tribunal Constitucional ha acordado:

Por providencia de 28 de octubre de 2021, admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad número 6003-2021 contra la disposición final primera, apartado cuarto, de la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016.

TRIBUNAL SUPREMO

• Sentencia núm. 1.093/2021, de 26 de julio, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

– El Tribunal Supremo establece:

Que La imposibilidad de iniciar las obras por el adjudicatario de una concesión de dominio público portuario por no haberse obtenido licencia no siempre debe reconducir a la caducidad de la concesión.

• Sentencia núm. 1.115/2021, de 14 de septiembre, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

– El Tribunal Supremo sienta doctrina:

Sobre la suspensión cautelar de la prohibición de contratar vinculada a una sanción en materia de defensa de la competencia.

• Sentencia núm. 1.179/2021, de 28 de septiembre, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

– El Tribunal Supremo establece:

Que el administrador único que ha obtenido del organismo certificador competente un certificado de firma electrónica que le habilita para actuar telemáticamente en representación de una persona jurídica no necesita aportar, mientras esté vigente dicho certificado, un poder de representación de la sociedad con motivo de cada actuación concreta ante la Administración.

• Sentencia núm. 1.240/2021, de 18 de octubre, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

– El Tribunal Supremo establece:

Que el interés en la defensa de la Constitución y del Estado de Derecho, en la medida que reconoce y garantiza el derecho a la información y a la libertad de expresión, no puede ser título legitimador para interponer recursos y acciones judiciales, toda vez que equivaldría al reconocimiento de una acción popular que precisa de una expresa previsión legal.

• Sentencia núm. 1.262/2021, de 25 de octubre, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

– El Tribunal Supremo establece:

Que en el procedimiento abreviado, una vez expirado el plazo de subsanación de 10 días concedido por el Juzgado para presentar la demanda sin haberlo hecho, cuando hubiere sido iniciado el procedimiento por un escrito presentado en plazo y el órgano judicial hubiere dictado una resolución declarando la caducidad del plazo para formalizar la demanda, deberá admitir el escrito que la formule si se presenta dentro del día en que se notifica aquella resolución.

• Sentencia núm. 1.279/2021, de 28 de octubre, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

– El Tribunal Supremo establece:

Que de conformidad con el artículo 53.6 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico (LSE) y con la legislación urbanística, debe interpretarse que la omisión de la aprobación de un determinado planeamiento urbanístico, (en el caso enjuiciado, el Plan Especial de Infraestructuras de la Comunidad de Madrid) no determina por sí misma la nulidad de la autorización para la instalación de energía eléctrica, sino que supedita su eficacia a la aprobación del instrumento de ordenación.
Y añade el TS que esta supeditación de la eficacia de la autorización administrativa de carácter energético a la necesaria aprobación del Plan Especial de Infraestructuras debe hacerse constar expresamente en la autorización. De lo contrario, en los casos en que no se haga constar expresamente, determinaría la anulabilidad de la autorización en los términos del artículo 48.2 de la Ley 39/2015.

• Sentencia núm. 1.288/2021, de 29 de octubre, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

– El Tribunal Supremo establece:

Que a los efectos de la exención del artículo 20.Uno.20º de la Ley del IVA, la exigencia de que se trate de un terreno rústico o no edificable ha de entenderse referida a la calificación y realidad urbanística a la fecha de la transmisión, pero cuando estas características no arrojen luz sobre tal extremo, deberá llevarse a cabo una apreciación global de las circunstancias que rodean a la transmisión del terreno, incluida la de la intención de las partes, siempre que ésta pueda deducirse a partir de elementos objetivos, para determinar si dicha transmisión se refiere, o no, a un terreno edificable.

• Sentencia núm. 1.310/2021, de 3 de noviembre, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

– El Tribunal Supremo establece:

Que los centros en que se realizan tratamientos de terapia natural, -osteopatía, quiropraxia, quiromasaje y acupuntura-, deben ser considerados como centros sanitarios sujetos a la obtención de la preceptiva autorización sanitaria que contempla el RD 1277/2003, de 10 de octubre.

• Sentencia núm. 1.324/2021, de 11 de noviembre, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

– El Tribunal Supremo establece:

Que el procedimiento de selección de medicamentos regulado en la Ley andaluza 22/2007, responde a la necesidad de garantizar la sostenibilidad financiera del Servicio Andaluz de Salud, sin que tenga naturaleza contractual, luego a los efectos de la Directiva 2014/24/UE, no queda sujeto a los principios propios de la contratación pública; además respeta los principios de libre competencia y circulación de mercancías.

• Sentencia núm. 1.334/2021, de 15 de noviembre, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.-

El Tribunal Supremo establece:

Que cuando -como ocurre con el art. 122 del Decreto Legislativo 1/1997, por el que se aprueba la refundición en un Texto único de los preceptos de determinados textos legales vigentes en Cataluña en materia de función pública- hay una norma nacional con rango de ley que de manera inequívoca resulta incompatible con una norma de la Unión Europea dotada de eficacia directa, es preceptivo inaplicar la norma nacional, tal como exige la constante jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea desde la sentencia Simmenthal.

• Sentencia núm. 1.346/2021, de 17 de noviembre, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

– El Tribunal Supremo se pronuncia:

Sobre la posibilidad de ejercicio de la potestad de revisión de oficio de actos de adjudicación de contrato sujeto a regularización armonizada cuando su resolución está sujeta a una cláusula de sumisión a arbitraje de derecho privado.

• Sentencia núm. 1.355/2021, de 16 de noviembre, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

– El Tribunal Supremo establece:

Que cuando entre los condicionamientos a los que queda sujeta la percepción de la ayuda pública se encuentra el de obtener las autorizaciones administrativas necesarias para la instalación o actividad subvencionada, la no realización de esta por falta de dichas autorizaciones determinará el reintegro de los incentivos. El reintegro será procedente una vez transcurrido el plazo concedido aun cuando pendan recursos administrativos o judiciales tendentes a la obtención de los permisos o licencias requeridos.

• Sentencia núm. 456/2021, de 28 de junio, de la Sala de lo Civil.

– El Tribunal Supremo establece:

Que no existe negligencia profesional por parte de unos abogados que fueron demandados al no concurrir una razonable certeza sobre la posibilidad de que la pretensión no ejercitada hubiera resultado beneficiosa para los demandantes.

• Sentencia núm. 547/2021, de 19 de julio, de la Sala de lo Civil.

– El Tribunal Supremo establece:

Que el plazo que tienen los clientes para exigir a los bancos documentación contractual es el plazo legal de seis años de que disponen las entidades financieras para conservarla.

• Sentencia núm. 554/2021, de 20 de julio, de la Sala de lo Civil.

– El Tribunal Supremo anula:

Por abusivas, las cláusulas sobre la Ley aplicable y transporte o envío del equipaje en otro vuelo, contenidas en el condicionado general del contrato aéreo de pasajeros de Ryanair.

• Sentencia núm. 578/2021, de 27 de julio, de la Sala de lo Civil.

– El Tribunal Supremo establece:

Que los tribunales españoles son competentes para resolver un litigio sobre compraventa de participaciones de una sociedad china con capital extranjero, en virtud de la cláusula de sumisión expresa contenida en los contratos.

• Sentencia núm. 590/2021, de 9 de septiembre, de la Sala de lo Civil.

– El Tribunal Supremo establece:

Que en un litigio declarativo del dominio de un inmueble inscrito a favor de una persona fallecida hacía más de treinta años, no es necesaria la designación de una administración judicial de la herencia.

• Sentencia núm. 591/2021, de 9 de septiembre, de la Sala de lo Civil.

– El Tribunal Supremo establece:

Que cuando en la liquidación del régimen de gananciales ninguno de los cónyuges desea la adjudicación de la vivienda familiar, por no poder hacer frente a la compensación en metálico a la otra parte, procede su venta en pública subasta.

• Sentencia núm. 602/2021, de 14 de septiembre, de la Sala de lo Civil.

– El Tribunal Supremo establece:

Que el plazo de prescripción de dos años para la reclamación de los daños permanentes derivados de defectos constructivos, debe empezar a computar desde el momento en que se conocen las causas de los daños. La cuestión litigiosa planteada ante la Sala se centra en determinar si los daños experimentados durante la rehabilitación y ampliación de la vivienda del recurrente son de carácter permanente o continuados y, en función de ello, el cómputo del plazo de prescripción de la acción.

• Sentencia núm. 606/2021, de 15 de septiembre, de la Sala de lo Civil.

– El Tribunal Supremo reitera:

Que el hecho de que un copropietario no haya manifestado su discrepancia en el plazo de treinta días siguientes a la notificación del acuerdo adoptado en la junta de propietarios, no le impide accionar contra el mismo.

• Sentencia núm. 657/2021, de 4 de octubre, de la Sala de lo Civil.

– El Tribunal Supremo establece:

Que la responsabilidad del avalista, aunque se trate de un aval colectivo, deriva del propio aval, y que su efectividad a la hora de responder frente a los compradores de la totalidad de los anticipos más sus intereses, sin límites cuantitativos y tal y como lo haría el promotor avalado, solo requiere que se hayan hecho entregas a cuenta del precio de cantidades previstas en el contrato y que el promotor haya incumplido su obligación de entregar la vivienda.

• Sentencia núm. 736/2021, de 2 de noviembre, de la Sala de lo Civil.

– El Tribunal Supremo establece:

Que la cláusula de renuncia al ejercicio de acciones, dentro de un acuerdo transaccional, puede ser válida siempre que no se refiera a controversias futuras y haya sido individualmente negociada y libremente aceptada. De no haber sido individualmente negociada, la cláusula de renuncia debería cumplir con las exigencias de transparencia, representadas porque el consumidor dispusiera de la información pertinente que le permitiera comprender las consecuencias jurídicas que se derivaban para él de tal cláusula.

• Sentencia núm. 755/2021, de 3 de noviembre, de la Sala de lo Civil.

– El Tribunal Supremo se pronuncia:

Sobre el derecho del poseedor al resarcimiento de los gastos necesarios y, si es poseedor de buena fe, al reembolso también de los gastos útiles; y sobre la distinción conceptual entre los gastos necesarios y los útiles.

• Sentencia núm. 768/2021, de 3 de noviembre, de la Sala de lo Civil.

– El Tribunal Supremo establece:

Que el régimen de los intereses de demora de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las relaciones comerciales, no se altera por el hecho de que el crédito que esté sujeto a dicho régimen sea objeto de cesión a un tercero.

• Auto de 7 de octubre de 2021 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, dictado en el recurso de casación núm. 4034/2021.

– El Tribunal Supremo admite:

El recurso de casación núm. 4034/2021, precisando que las cuestiones que tienen interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consisten en determinar:

A) Si la exigibilidad de estudio económico financiero establecida por la jurisprudencia (entre otras, STS de 31 de marzo de 2016, RC 3376/14 (RJ 2016, 1309) ) en todo tipo de instrumentos de ordenación urbanística es trasladable a instrumentos de ordenación territorial como el concernido (donde se protege el suelo, pero no se transforma).

B) Si los informes de impacto de género, familia e infancia y adolescencia “neutros” (en los que se indica la no afectación a tales cuestiones) equivalen a su inexistencia.

C) Qué alcance puede exigirse al estudio de alternativas que debe contener una evaluación ambiental estratégica.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA

• Sentencia núm. 4.196/2021, de 28 de octubre, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

– El Tribunal Superior de Justicia anula:

La modificación de las Normas Urbanísticas del PGM que regulan los aparcamientos en los edificios en Barcelona, por omisión de la consulta pública previa y vulneración del principio de participación ciudadana.

TRIBUNALES DE LA UNIÓN EUROPEA

• Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 21 de octubre de 2021, en el asunto C-849/19 P.

– El Tribunal establece:

El derecho a ser oído persigue un doble objetivo. Por una parte, sirve para instruir el expediente y determinar los hechos de la manera más precisa y correcta posible y, por otra parte, permite garantizar una protección efectiva del interesado. El derecho a ser oído tiene por objeto, en particular, garantizar que cualquier decisión que afecte negativamente a una persona se adopte con pleno conocimiento de causa y tiene, en particular, la finalidad de permitir a la autoridad competente corregir un error o a la persona afectada invocar elementos relativos a su situación personal que militen en el sentido de que se adopte la decisión, de que no se adopte o de que tenga un contenido u otro.

• Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 11 de noviembre de 2021, en el asunto C-214/20. Dublin City Council.

– El Tribunal precisa:

El alcance del concepto de “tiempo de trabajo” para un período de guardia en régimen de disponibilidad no presencial.

• Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 9 de noviembre de 2021, en el asunto C-91/20. Bundesrepublik Deutschland.

– El Tribunal establece:

Que el sistema europeo común de asilo no se opone, en principio, a que un Estado miembro haga extensivo automáticamente, con carácter derivado y con el fin de mantener la unidad familiar, el estatuto de refugiado a un menor hijo de un progenitor al que se ha concedido ese estatuto.

TRIBUNAL CATALÀ DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC

• Resolución 326/2021, de 4 de noviembre.

– Estimación del recurso especial en materia de contratación presentado contra la adjudicación de un contrato de suministro de vehículos. Oferta de precio por defecto de kilometraje a abonar por parte del contratista no valorada conforme a la finalidad del criterio ni a la fórmula de puntuación establecida en el pliego de cláusulas administrativas.

• Resolución 335/2021, de 10 de noviembre.

– Estimación del recurso especial en materia de contratación presentado contra el pliego de prescripciones técnicas de un contrato de servicios de limpieza. Falta de motivación de la cláusula de territorialidad ex artículo 116.4 de la Ley de Contratos del Sector Público en atención a las finalidades que pretende cubrir.

• Resolución 348/2021, de 17 de noviembre.

– Estimación del recurso especial en materia de contratación presentado contra la exclusión de la recurrente en el procedimiento de licitación de un contrato de servicios. Redacción abierta de la solvencia técnica o profesional exigida y que lleva a interpretaciones diversas. Existencia de una laguna legal que se ha de interpretar con la aplicación supletoria del artículo 90.2 de la Ley de Contratos del Sector Público.

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

• Resolución 1561/2021, de 11 de noviembre.

– Recurso contra adjudicación en contrato de servicios. Estima la impugnación de la resolución que acuerda la exclusión de una licitadora de un contrato de servicios por no cumplir adecuadamente con la condición de solvencia técnica exigida. Se estima en atención a que la exigencia de certificados de buena ejecución sobre servicios prestados a particulares no se ciñe a lo regulado en el pliego de cláusulas administrativas, sin perjuicio de la potestad del órgano de contratación, de requerir a los licitadores la documentación necesaria para llegar a una razonable seguridad sobre la veracidad de las declaraciones, en su caso, emitidas.

• Resolución 1564/2021, de 11 de noviembre.

– Recurso contra propuesta de exclusión en contrato de servicios. Estima la impugnación en cuanto no es ajustado a Derecho acordar la exclusión de la proposición del recurrente por un posible incumplimiento del PPT, en un aspecto parcial, de una significación relativa dentro del conjunto de las prestaciones del contrato y que está referida claramente a la fase de ejecución del contrato.

• Resolución 1547/2021, de 11 de noviembre.

– Recurso contra la adjudicación en contrato de servicios, LCSP. Estima la impugnación de la adjudicación de un contrato de servicios de transporte colectivo en atención a que es necesario concretar de forma suficiente en los pliegos los criterios de adjudicación sujetos a juicios de valor. Improcedencia de introducir nuevos criterios o de factores de valoración de los mismos no previstos en los pliegos. Infracción de los principios de transparencia, igualdad y libre concurrencia.

DIRECCIÓ GENERAL DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

• Instrucción 2/2021, por la que se aprueban los modelos de pliegos de cláusulas y otra documentación para los expedientes de contratación de la Administración de la Generalitat y de su sector público, financiados con fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y los fondos REACT-EU.

Los modelos de pliegos se aprueban en cumplimiento de lo previsto en el artículo 16 del Decreto Ley 5/2021, de 2 de febrero, por el cual se encomendaba a la Dirección General competente en materia de contratación pública dicha tarea para agilizar y homogeneizar los procesos de contratación financiados con estos fondos.

En dichos modelos se establecen, entre otras, cláusulas específicas – propuestas susceptibles de adaptación – que con carácter general deberán incorporarse en los pliegos para todo tipo de contratos, otras adaptadas a la tipología del contrato (servicios, obras o suministros), opciones en función del tipo de procedimiento y la sujeción o no a regulación armonizada o las fórmulas a aplicar en la valoración de los criterios de adjudicación.

Se pretende que esta documentación pueda servir de guía a los órganos de contratación del ámbito autonómico catalán para dar cumplimiento a los requisitos, condiciones, especialidades y/o posibilidades establecidas tanto en el Capítulo III del Título IV del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, como en el Título 4 del Decreto Ley catalán 5/2021, de 5 de febrero para los contratos que se vayan a financiar con fondos MRR y REACT-EU.

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