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Novedades jurídicas de septiembre de 2021

NORMATIVA ESTATAL

• Anteproyecto de Ley Orgánica, de 15 de junio de 2021, de ordenación e integración de la Formación Profesional.

– Publicado en la página web del Gobierno. El Consejo de Ministros ha acordado iniciar la tramitación del Anteproyecto de Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional. El texto consolida el sistema único de Formación Profesional, que integra la FP del sistema educativo y la FP para el empleo en un solo modelo al servicio de estudiantes y trabajadores empleados o desempleados.
El objetivo de la norma es solucionar el patente desequilibrio entre el nivel de formación de la población española y las necesidades del mercado laboral.

• Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad.

– Publicado en el BOE el 15 de septiembre. El objeto de la norma es mitigar el brusco incremento de la cotización del gas natural en los mercados europeos.
Entre todas las medidas incluidas en el Real Decreto-ley, destaca la articulación de un mecanismo de minoración del exceso de retribución que determinadas instalaciones están percibiendo como consecuencia del funcionamiento marginalista del mercado.

• Real Decreto 807/2021, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de control de las embarcaciones neumáticas y semirrígidas

– Publicado en el BOE el 22 de septiembre. Tiene por objeto dar cumplimiento a lo establecido por el Real Decreto-ley 16/2018, de 26 de octubre, por el que se adoptan determinadas medidas de lucha contra el tráfico ilícito de personas y mercancías en relación a las embarcaciones utilizadas.
Entre otras medidas, regula la inscripción en el Registro Especial de Operadores de Embarcaciones Neumáticas y Semirrígidas de Alta Velocidad y la autorización de uso de las embarcaciones.

• Ley 12/2021, de 28 de septiembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales

– Publicada en el BOE el 29 de septiembre. La principal novedad es la adición al Estatuto de los Trabajadores de la D.A. 13ª, en virtud de la cual se presume incluida en el ámbito del Estatuto de los Trabajadores la actividad de las personas que presten servicios retribuidos consistentes en el reparto o distribución de cualquier producto de consumo o mercancía, por parte de empleadoras que ejercen las facultades empresariales de organización, dirección y control de forma directa, indirecta o implícita, mediante la gestión algorítmica del servicio o de las condiciones de trabajo, a través de una plataforma digital.

Además, introduce una nueva letra d) en el artículo 64.4, de forma que otorga al comité de empresa el derecho a ser informado por la empresa de los parámetros, reglas e instrucciones en los que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones que pueden incidir en las condiciones de trabajo, el acceso y mantenimiento del empleo, incluida la elaboración de perfiles.

• Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, de medidas urgentes para la protección del empleo, la recuperación económica y la mejora del mercado de trabajo.

– Publicado en el BOE el 29 de septiembre. Autoriza la posibilidad de prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) vinculados a la crisis pandémica hasta el 28 de febrero de 2022, previa presentación, por parte de la empresa o entidad titular, de una solicitud a tal efecto.
Asimismo, modifica las condiciones que regirán los ERTE.

• Real Decreto-ley 817/2021, de 28 de septiembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2021.

– Publicado en el BOE el 29 de septiembre. El salario mínimo para cualesquiera actividades en la agricultura, en la industria y en los servicios, sin distinción de sexo ni edad de los trabajadores, queda fijado en 32,17 euros/día o 965 euros/mes, según el salario esté fijado por días o por meses.

• Resolución de 28 de septiembre de 2021, de la Dirección General del Catastro, por la que se determinan los términos y condiciones para la tramitación de los procedimientos de comunicación previstos en el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.

– Publicada en el BOE el 30 de septiembre. El artículo decimocuarto de la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, añadió dos apartados f) y g) al artículo 14.1 de la Ley del Catastro Inmobiliario, del siguiente tenor literal:

Artículo 14. Procedimiento de incorporación mediante comunicaciones.

1. Son comunicaciones:

“f) Las que formulen las entidades locales o, en su caso, las entidades que ejerzan la gestión tributaria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que pongan en conocimiento del Catastro Inmobiliario los hechos, actos o negocios susceptibles de generar un alta, baja o modificación catastral, derivados de actuaciones para las que se haya otorgado la correspondiente licencia o autorización municipal, siempre que se cumplan los términos y condiciones que se determinen por la Dirección General del Catastro.
g) Los datos, informes o antecedentes suministrados a la Dirección General del Catastro en virtud de lo dispuesto en el artículo 36, siempre que incorporen la totalidad de la documentación necesaria para acreditar la correspondiente alteración catastral de acuerdo con los términos y condiciones establecidos por aquella”.

Mediante la Resolución de la Dirección General del Catastro de 28 de septiembre de 2021, publicada en el BOE el 30 de septiembre, se determinan cuáles son los términos y condiciones que regirán estos dos nuevos tipos de comunicaciones.

• Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

– Publicada en el BOE el 30 de septiembre. La Orden, de aplicación a todas las entidades que integran el sector público, configura y desarrolla un Sistema de Gestión orientado a definir, planificar, ejecutar, seguir y controlar los proyectos y subproyectos en los que se descomponen las medidas (reformas/inversiones) previstas en los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

• Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

– Publicada en el BOE el 30 de septiembre. La Orden regula el procedimiento, formato y periodicidad de la información de seguimiento del logro de los hitos y objetivos y de la ejecución contable de los gastos incurridos en el desarrollo de los proyectos, subproyectos o las líneas de acción de las medidas que conforman los componentes financiables con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, a remitir por las entidades públicas responsables de dicha ejecución.

NORMATIVA AUTONÓMICA

• Decreto-Ley 19/2021, de 31 de agosto, por el que se adapta el Código Civil de Cataluña a la reforma del procedimiento de modificación judicial de la capacidad.

– Publicada en el DOGC el 2 de septiembre. Modifica el capítulo VI del Título II del Libro Segundo del Código Civil de Cataluña, para adaptar la legislación civil y procesal catalana a la reforma del procedimiento de modificación judicial de la capacidad de obrar introducida por la Ley estatal 8/2021, de 8 de junio.

• Acuerdo GOV/141/2021, de 14 de septiembre, por el que se aprueba la Estrategia de la Bioeconomía de Cataluña 2021-2030.

– Publicado en el DOGC el 16 de septiembre. El objetivo general de la estrategia es promover el crecimiento y desarrollo sostenible de la economía catalana mediante el fomento de la producción de recursos biológicos y de procesos locales y renovables.
Para alcanzar este objetivo, la estrategia propone el desarrollo de diferentes acciones que tienen la capacidad de transformar y permiten avanzar en la bioeconomía circular en Cataluña, entre las cuales destaca la promoción de la transformación tecnológica de recursos de biomasa.

NORMATIVA LOCAL

• Decreto de Alcaldía S1/D/2021-634, de 13 de septiembre, por el que se aprueba la Instrucción técnica para la aplicación de criterios ambientales en los contratos que tengan por objeto la gestión de equipamientos de titularidad municipal.

– Publicado en la Gaceta Municipal de Barcelona el 20 de septiembre. Define los criterios ambientales para la contratación de la gestión de equipamientos municipales de Barcelona y de determinados servicios que se prestan en los equipamientos, de acuerdo con la política municipal de contratación sostenible.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

• Recursos de inconstitucionalidad n.º 4469-2021 y 4977-2021, contra el Real Decreto-ley 9/2021, de 11 de mayo.

– El Tribunal Constitucional acuerda:

Admitir a trámite los recursos de inconstitucionalidad número 4469-2021 y 4977-2021, contra el Real Decreto-ley 9/2021, de 11 de mayo, por el que se modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de las plataformas digitales.

• Recurso de inconstitucionalidad n.º 4313-2021, contra la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo.

– El Tribunal Constitucional acuerda:

Admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad número 4313-2021, contra la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia.

• Recurso de inconstitucionalidad n.º 2721-2021, contra diversos artículos de la Ley de Cataluña 8/2020.

– El Tribunal Constitucional acuerda:

Levantar la suspensión de los artículos 20.1.b) y 30.d) de la Ley del Parlamento de Cataluña 8/2020, de 30 de julio, de ordenación del litoral; suspensión que se produjo con la admisión del mencionado recurso de inconstitucionalidad y que fue publicada en el BOE de 27 de mayo de 2021.

TRIBUNAL SUPREMO

• Auto del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso) de 27 de julio de 2021. Recurso 4735/2021

– El Tribunal Supremo recuerda:

Que no es en sede del recurso de casación donde han de solicitarse y, en su caso, obtenerse, las medidas cautelares, sino ante el órgano jurisdiccional que conoció del proceso en la instancia.

• Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso) de 6 de mayo de 2021. Número 635/2021.

– El Tribunal Supremo anula:

El art. 2 de la Orden SND 411/2020, que modifica la Orden SCB 925/2019, por la que se aprueba la oferta de plazas y la convocatoria de pruebas selectivas 2019 para el acceso en el año 2020, a plazas de formación sanitaria especializada para las titulaciones universitarias de grado/licenciatura/diplomatura de Medicina. Declara la Sala que el precepto impone, de forma excluyente de la solicitud presencial, la solicitud electrónica, cuando la convocatoria inicial posibilitaba y reconocía el derecho de solicitud presencial y el ejercicio del derecho a retrasar la elección.

• Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso) de 11 de mayo de 2021. Número 657/2021.

– El Tribunal Supremo establece:

Que el retraso imputable a la Administración en la remisión del expediente completo al órgano judicial no genera a su favor intereses de demora de la cantidad tributaria adeudada.

• Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) de 20 de julio de 2021. Número 555/2021.

– El Tribunal Supremo establece:

Que si no se fija plazo para la devolución del préstamo y no existiendo acuerdo entre las partes para este punto, el deudor se haya obligado a dicha devolución cuando el acreedor lo reclame.

• Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) de 13 de mayo de 2021. Número 315/2021.

– El Tribunal Supremo establece:

Que procede la compensación de créditos al amparo del art. 58 de la Ley Concursal (Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo), cuando concurran los requisitos legales antes de que se declare el concurso.

• Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) de 8 de septiembre de 2021. Número 589/2021.

– El Tribunal Supremo dicta:

La primera sentencia sobre la aplicación de la nueva Ley de apoyo a personas con discapacidad. La sentencia aplica el régimen transitorio de la ley y analiza los elementos esenciales de la reforma y, en particular, el régimen de provisión de los apoyos que las personas con discapacidad puedan precisar para el adecuado ejercicio de su capacidad jurídica.

• Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) de 7 de junio de 2021. Número 381/2021.

– El Tribunal Supremo establece:

Que el alimentante no puede oponer la compensación de deudas entre los cónyuges, pero el acreedor de alimentos sí puede compensar las pensiones atrasadas con la deuda que él tenga frente a su deudor.

• Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso) de 21 de julio de 2021. Número 1072/2021.

El Tribunal Supremo establece:

Que resulta admisible que una sentencia ponga fin al procedimiento declarando la pérdida sobrevenida de objeto, sin oír previamente a las partes mediante el planteamiento de la tesis conforme al art. 33 de la LJCA, cuando la circunstancia sobrevenida determinante de tal declaración ha sido traída al proceso y objeto de completo debate procesal sobre el alcance de tal circunstancia.

• Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso) de 27 de julio de 2021. Número 1096/2021.

– El Tribunal Supremo establece:

Que cabe la posibilidad de presentar ante los tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa, conforme a la doctrina jurisprudencial existente y al amparo de lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley Jurisdiccional, aquellas pruebas que no se aportaron ante los órganos de gestión tributaria ni ante los Tribunales Económico-administrativos.

• Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso) de 1 de julio de 2021. Número 954/2021.

– El Tribunal Supremo establece:

Que el apartado 4 del artículo 68 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que dispone que si alguno de los sujetos a los que hace referencia el artículo 14.2 y 14.3 presenta su solicitud presencialmente, las Administraciones Públicas requerirán al interesado para que la subsane a través de su presentación electrónica, y que a estos efectos, se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanación, resulta aplicable a la fase inicial de los procedimientos administrativos iniciados a instancia del interesado.

• Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso) de 16 de julio de 2021. Número 1044/2021.

– El Tribunal Supremo establece:

Que el requisito establecido en la Ley de Costas, relativo a la necesidad de estar amparado por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria para poder obtener la concesión compensatoria a que se refiere el apartado 2 de la Disposición transitoria primera de dicha Ley, no ha sido alterado -ni puede serlo, en virtud del principio de jerarquía normativa por la redacción dada a la Disposición transitoria segunda, apartado 2, del Reglamento General de Costas de 2014.

• Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso) de 26 de julio de 2021. Número 1093/2021.

– El Tribunal Supremo establece:

Que la situación producida por la imposibilidad de iniciar las obras por parte del adjudicatario de una concesión de dominio público portuario por no haberse obtenido licencia no siempre y en todo caso debe reconducirse a la caducidad de la concesión, pues entran también en juego principios tales como el de proporcionalidad o favor acti que pueden conducir a la subsistencia de la concesión siempre que ello responda al interés del puerto y no se afecte el principio de concurrencia.

• Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso) de 8 de junio de 2021. Número 809/2021.

– El Tribunal Supremo establece:

Que el período de amortización el período de amortización de las concesiones a que se refiere el artículo 266.1 del TRLCAP se corresponde con la vida de la concesión, iniciando el cómputo desde el acta de comprobación del replanteo (inicio de la concesión), y no des del inicio efectivo de la explotación.

• Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso) de 9 de junio de 2021. Número 823/2021.

– El Tribunal Supremo establece:

Que en los procedimientos no sancionadores que adoptan acuerdos restrictivos de derechos, la omisión del trámite de audiencia al interesado, constitutiva, cierto es, de un vicio procedimental, carece, sin embargo, de efecto invalidante cuando tal omisión no produjo indefensión real, material.

• Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso) de 15 de junio de 2021. Número 922/2021.

– El Tribunal Supremo establece:

Que el importe de las tasas por la prestación de un servicio de expedición de licencias de apertura de establecimiento no puede exceder, en su conjunto, del valor fijado en el informe técnico-económico incluido en el expediente de aprobación de la tasa como valor real de mercado de la prestación recibida. Es nula, pues, una tasa individual exigida por la prestación de un único servicio que rebase, ella sola, en muchas veces, todo el presupuesto municipal incluido en la memoria como máximo que puede ser retribuido con las tasas.

• Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso) de 14 de septiembre de 2021. Número 1112/2021.

– El Tribunal Supremo avala:

La medida acordada por la Xunta de Galicia en agosto que exigía el pasaporte Covid para acceder a bares y discotecas en Galicia.

• Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso) de 24 de mayo de 2021. Número 718/2021.

– El Tribunal Supremo confirma:

La sentencia que no reconoció legitimación activa al socio de una entidad mercantil para impugnar por sí mismo, tanto en vía administrativa como en sede judicial, las actuaciones llevadas a cabo por la Administración tributaria en materia de recaudación sobre bienes de la sociedad de la que era partícipe, pues dicha condición no confiere al socio per se el interés real, actual y cierto al que debe anudarse la existencia de legitimación activa.

• Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso) de 27 de julio de 2021. Número 1098/2021.

– El Tribunal Supremo fija:

La doctrina casacional sobre si en las Uniones Temporales de Empresa se precisa acuerdo individual de cada una de las empresas para interponer acciones judiciales. Lo rechaza si el acuerdo lo adopta el órgano facultado para litigar en nombre de la UTE.

• Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso) de 22 de julio de 2021. Número 1084/2021.

– El Tribunal Supremo establece:

Que los vicios de procedimiento esenciales en la elaboración de los Planes de Urbanismo comportan la nulidad de pleno derecho de todo el Plan impugnado, sin posibilidad de subsanación del vicio apreciado a los efectos de mantener la vigencia del Plan con una ulterior subsanación.

No obstante lo anterior, en aquellos supuestos en que el vicio apreciado para la declaración de nulidad pueda individualizarse respecto de un determinado ámbito territorial del Plan o concretas determinaciones, sin que tenga relevancia alguna respecto del resto de ese ámbito territorial, puede declararse la nulidad del plan respecto de esas concretas determinaciones, sin que ello autorice a considerar la nulidad de pleno derecho subsanable con la retroacción del procedimiento.

También establece que la iniciación de la EAE debe producirse en la fase preliminar de borrador del instrumento de planeamiento, en los términos indicados en el art. 18 de la Ley 21/2013, sin que pueda deferirse tal iniciación a un momento posterior de la tramitación del plan.

• Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) de 7 de junio de 2021. Número 387/2021.

– El Tribunal Supremo establece:

Que la promotora de la construcción de viviendas está legitimada para reclamar al arquitecto técnico por incumplimiento contractual, sin que sea necesario demandar a todos los agentes de la edificación.

• Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso) de 29 de julio de 2021. Número 1100/2021.

– El Tribunal Supremo establece:

Que la Junta de Andalucía es responsable, y no las entidades locales, del incumplimiento del Derecho de la Unión Europea en materia de aguas residuales, “al estar acreditado que el incumplimiento es consecuencia directa y exclusiva del incumplimiento por la Junta de Andalucía de una competencia que tiene atribuida por nuestro ordenamiento jurídico, cual es la relativa a la ejecución de las obras de infraestructura hidráulica –de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía– que eran necesarias para que pudiera prestarse el servicio de tratamiento y depuración de aguas residuales en las aglomeraciones urbanas antes mencionadas”.

• Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso) de 14 de septiembre de 2021. Número 1115/2021.

– El Tribunal Supremo establece:

Que la prohibición de contratar acordada por la CNMC al amparo del art. 71.1.b) de la LCSP es una limitación anudada a la imposición de una sanción firme por una infracción grave en determinadas materias. Los efectos de la prohibición de contratar solo se producen, y la limitación solo es ejecutiva, desde el momento en el que se concreta el alcance y duración de la prohibición, bien en la propia resolución sancionadora bien a través del procedimiento correspondiente y, en este último caso, una vez inscrita en el registro.

Ello no impide que el órgano judicial, por vía cautelar, pueda suspender la remisión a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado cuando, entre otros supuestos, haya considerado necesario suspender cautelarmente la sanción a la que va anudada.

• Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) de 1 de junio de 2021. Número 379/2021.

– El Tribunal Supremo reitera:

Que es improcedente la reclamación de rentas cuando se extingue un contrato de arrendamiento de vivienda no inscrito, y se adjudica el inmueble en procedimiento de ejecución hipotecaria a tercero.

TRIBUNALES DE LA UNIÓN EUROPEA

• Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 7 de septiembre de 2021, en el asunto C-927/19.

– El Tribunal se pronuncia:

Sobre la naturaleza de los requisitos de calificación de los operadores económicos y los efectos del recurso contra la declaración de confidencialidad. Cuando un operador económico, miembro de una agrupación de operadores económicos, haya sido declarado culpable de falsedad al proporcionar la información exigida para verificar que la agrupación no incurre en ningún motivo de exclusión o que esta cumple los criterios de selección, sin que sus socios tuvieran conocimiento de esa falsedad, puede dictarse una medida de exclusión de cualquier procedimiento de adjudicación de contrato público contra la totalidad de los miembros de esa agrupación.

• Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2 de septiembre de 2021, en el asunto C-928/19 EPSU/Comisión

– El Tribunal establece:

Que la Comisión no está obligada a dar curso a la petición de los interlocutores sociales de que se aplique, a nivel de la Unión, el acuerdo que han celebrado.

• Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 16 de septiembre de 2021, en el asunto C-21/20

– El Tribunal establece:

Que de conformidad con la Directiva 2006/112/CE, están excluidos de gravamen del IVA los servicios de comunicación audiovisual prestados a los telespectadores que se financian mediante una subvención pública y que no dan lugar a remuneración alguna por parte de los telespectadores.

• Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2 de septiembre de 2021, en el asunto C-350/20 O. D. y otros.

– El Tribunal establece:

Que los nacionales de terceros países titulares de un permiso único de trabajo obtenido en virtud de la normativa italiana por la que se transpone una directiva de la Unión tienen derecho a percibir un subsidio de natalidad y un subsidio de maternidad previstos por la normativa italiana.

• Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2 de septiembre de 2021, en el asunto C-570/19.

– El Tribunal aclara:

Una serie de disposiciones del Reglamento sobre los derechos de los pasajeros que viajan por mar y por vías navegables. Establece que las obligaciones de transporte alternativo y de indemnización en caso de cancelación de un servicio de transporte son proporcionales al objetivo perseguido por el Reglamento.

• Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2 de septiembre de 2021, en el asunto C-932/19.

– El Tribunal establece:

Que la legislación húngara que prohíbe la anulación de un contrato de préstamo denominado en divisas por contener una cláusula abusiva relativa al diferencial cambiario parece ser compatible con el Derecho de la Unión. Así sucede cuando dicha legislación permite restablecer la situación de hecho y de Derecho en la que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula, aun cuando la anulación del contrato sería más ventajosa para el consumidor.

TRIBUNAL CATALÀ DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC

• Resolución 257/2021, de 8 de septiembre .

Estimación del recurso especial contra la adjudicación del acuerdo marco para el suministro de productos sanitarios y EPI a la Generalitat de Catalunya. La oferta técnica del recurrente se descartó por incumplimiento de requerimientos técnicos, pero no concurren incumplimientos determinantes de la exclusión de las ofertas, que deben ser claros y palmarios.

• Resolución 268/2021, de 15 de septiembre.

Estimación del recurso especial contra los pliegos de la licitación de un contrato de servicios de transporte escolar. Previsión en los pliegos de la prohibición de subcontratación del contrato salvo de forma excepcional. No consta la concurrencia de los supuestos previstos en el artículo 215 de la LCSP para prohibir la subcontratación.

• Resolución 270/2021, de 15 de septiembre.

Estimación del recurso especial contra los pliegos de un contrato de servicios de atención telefónica. Allanamiento del órgano de contratación. Es necesario que la fijación del PLB y del VEC se ajuste a los requerimientos de los artículos 100, 101 y 102 de la LCSP, siendo lo más ajustados y precisos posible.

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

• Resolución 1143/2021, de 9 de septiembre.

Recurso contra adjudicación en acuerdo marco de servicios, LCSP. Se estima el recurso en parte toda vez que el órgano de contratación ha recurrido a la motivación “in aliunde” sin permitir el acceso al informe técnico en el que se fundamenta, privando así al licitador del adecuado ejercicio de su derecho de defensa y de la posibilidad de conocer por qué motivos se otorga una determinada puntuación.

• Resolución 1051/2021, de 2 de septiembre.

Reclamación contra anuncio y pliegos en contrato de obras en base al Real Decreto-Ley 3/2020. Estima la reclamación en el sentido en que la exigencia de compromiso de adscripción de medios personales dotados de una específica titulación, y el criterio de adjudicación referido a la experiencia de éstos, resultan injustificadamente restrictivos atendiendo al objeto del contrato y a las normas sobre competencias profesionales en el ámbito de la construcción, sin que se acredite debidamente la justificación de dicha restricción.

• Resolución 1151/2021, de 9 de septiembre.

Recurso contra pliegos en contrato de servicios, LCSP. El recurrente plantea cuatro motivos de impugnación frente a los pliegos: (i) considera que el plazo de 30 días para la presentación de las ofertas es insuficiente, dada la necesidad de visitar las instalaciones, (ii) atendiendo al plazo concedido para presentar ofertas, propone la eliminación de los criterios de adjudicación que exigen el estudio previo de las infraestructuras y su inspección, (iii) cuestiona la valoración de los criterios de adjudicación evaluables mediante juicio de valor y (iv) afirma que no se motiva la no división en lotes del contrato.

El Tribunal únicamente estima el primer motivo, por aplicación del artículo 136.3 de la LCSP.

• Resolución 1008/2021, de 2 de septiembre.

Recurso contra la adjudicación en contrato de servicios, LCSP. De acuerdo con el artículo 140.4 LCSP y con la reiterada doctrina del TACRC, los requisitos previos de capacidad y solvencia han de cumplirse en la fecha final del plazo de presentación de ofertas. No es admisible la justificación del volumen anual de negocios exigido en el PCAP para acreditar la solvencia económica y financiera mediante las cuentas anuales del ejercicio 2020, depositadas el 8 de marzo de 2021 en el Registro Mercantil, dado que la fecha final de presentación de ofertas era el 3 de agosto de 2020, y ésta era la fecha en que debía disponerse de la mencionada solvencia para poder participar en la licitación.

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