CONTRATACIÓN PÚBLICA-La reforma estructural de la contratación pública en la UE de acuerdo con el informe publicado por el OBCP

El Observatorio de Contratación Pública (OBCP) ha publicado recientemente un documento de análisis y propuesta normativa en el marco de la consulta pública de la Comisión Europea, en el que se apuesta decididamente por sustituir las Directivas actuales, de 2014, por un Reglamento Europeo de Contratación Pública que sea de aplicación directa y evite una fragmentación normativa en los diferentes Estados miembros de la UE.

La propuesta incide en un cambio de paradigma, que debe recoger un futuro Reglamento, donde se prime el valor y la calidad frente al precio; la inversión por encima del gasto; la estrategia frente a la burocracia y la colaboración leal más que la desconfianza en el operador. La digitalización en la contratación se concibe como pieza estructural, mediante la publicación de toda la información de las diferentes fases del contrato en estándares abiertos que favorezcan la competencia y la toma de decisiones basada en datos.

Desde la perspectiva jurídica, se invoca el artículo 114 TFUE para justificar un marco uniforme sustentado en el derecho a la buena administración y alineado con la Agenda Estratégica de la UE 2024-2029 y la Brújula para la Competitividad. Un reglamento —con efecto directo— permitiría, además, unificar conceptos técnicos clave en el ámbito de la contratación pública, como es el caso de la modificación contractual, riesgo operacional o criterios de solvencia.

El Observatorio, va más allá, proponiendo una reforma vertebral en nuestro sistema que distinga la contratación pública ordinaria (aprovisionamiento) de la contratación de inversiones y proyectos complejos de larga duración (concesiones y colaboración público-privada).

Con todo, se conseguiría, según el OBCP, una “nueva arquitectura normativa más coordinada y cohesionada” en contraposición del marco actual, que se describe como “complejo, fragmentado y poco funcional”, en el que confluyen más de sesenta normas europeas. En esta línea, se sugiere la creación de una DG Procurement en la Comisión para reforzar la coherencia regulatoria en un contexto de creciente interdependencia normativa.

El documento dirige igualmente una crítica a la Ley de Desindexación, a la que atribuye la paralización de la colaboración público-privada en España. Para revertir esta situación, propone clarificar la noción de riesgo operacional, alinearla con el principio de equilibrio económico-financiero e introducir sistemas flexibles de tasa de descuento.

En el ámbito de la compra pública sanitaria, se aboga por un modelo centrado en el valor y en la mejor solución asistencial para el paciente, avanzando hacia esquemas de pago por resultados, así como implantar la multiadjudicación obligatoria para evitar desabastecimientos, mientras que para la adquisición de medicamentos exclusivos con patente se recomiendan la adquisición mediante procedimientos negociados sin publicidad o, preferiblemente, mediante sistemas de precios regulados y techo de gasto fijados por las autoridades sanitarias.

El Observatorio insiste en superar la lógica del ahorro inmediato, promoviendo la compra pública de innovación, el cálculo del coste del ciclo de vida y el uso de umbrales que eviten bajas temerarias. Propone, asimismo, una gobernanza basada en datos abiertos con plataformas interoperables y un registro europeo de contratos, mayores exigencias de transparencia para partidos y lobbies, la profesionalización de los gestores y el recurso a consultas preliminares de mercado. Para potenciar el acceso de las pymes se insiste en la necesidad de la división en lotes como regla general, requisitos de solvencia proporcionales, pago directo a subcontratistas y la reserva progresiva de hasta un 25 % de los contratos a este tipo de empresas.

En definitiva, en opinión del OBCP, la reforma debería sustituir las Directivas por un Reglamento europeo que priorice la calidad, impulse la Colaboración Público-Privada y otorgue carácter estratégico al ámbito sanitario. Todo ello apoyado en la sostenibilidad, integridad por diseño, datos abiertos y digitalización obligatoria, con el fin de transformar la contratación pública en una verdadera palanca de inversión estratégica.

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Barcelona, a 18 de febrero de 2026

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