El Periódico publica el artículo «Derechos humanos y contratación pública» de Joaquín Tornos

En el marco de la actual situación respecto a la Instrucción del Ayuntamiento de Barcelona por la que se trata de dar cumplimiento a los convenios internacionales suscritos por España en defensa de los derechos humanos en el momento de llevar a cabo los procedimientos de contratración, el diario El Periódico ha publicado un artículo de opinión de nuestro socio y catedrático de Derecho Administrativo Joaquín Tornos Mas.

«El uso estratégico de la contratación, al imponer la exclusión de las empresas que trabajan al servicio del Gobierno israelí de los procedimientos de licitación, puede tener un importante valor simbólico en la defensa de los derechos fundamentales.

Cuando nuestra civilización, incomprensiblemente, parece perder el interés por la defensa de los valores que impulsaron nuestro progreso después de la Segunda Guerra Mundial, y la política, por lo general, se ha convertido en un instrumento cuyo único objetivo es obtener y mantener el poder, es necesario recuperar la lucha por los derechos humanos consagrados en numerosos tratados internacionales y en nuestra Constitución, y recordar que el poder debe ser expresión de la verdad, la justicia, la solidaridad y el progreso.

En esta lucha por la defensa de los derechos humanos, la contratación pública aparece como un instrumento de gran valor. El gasto público, a través de los contratos que celebran las diferentes administraciones públicas alcanzó en España, el año 2023, el 11,55% del PIB. Por esta razón, desde hace ya algún tiempo, a la contratación pública se le atribuye una función que va más allá de la provisión de obras, servicios y suministros a favor de las administraciones públicas. Se ha tomado conciencia de que a través del gasto que comporta la contratación por parte de las administraciones públicas, también se pueden perseguir objetivos sociales o medioambientales. Es lo que se conoce como la “contratación estratégica”.

Esta finalidad estratégica también puede tener como objetivo la defensa de los derechos fundamentales.

Una muestra significativa de esta voluntad política es la reciente instrucción del ayuntamiento de Barcelona, de 6 de junio de 2025, por la que se trata de dar cumplimiento a los convenios internacionales suscritos por España en defensa de los derechos humanos, en el momento de llevar a cabo los procedimientos de contratación financiados por el ayuntamiento de Barcelona y por todas las entidades que pertenezcan a su sector público.

Para lograr esta finalidad, la instrucción establece que en toda licitación pública se debe exigir a los licitadores que aporten una declaración responsable en la que afirmen que en todas sus actuaciones respetan el derecho internacional en materia de derechos humanos. La no presentación de la declaración supondrá la exclusión de la empresa del proceso de licitación. Junto a ello se dispone también la exclusión de la licitación de aquellas empresas incluidas en el listado del informe de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, en el que se relacionan las empresas que en sus actividades vulneran los derechos humanos.

Con esta misma finalidad, el grupo parlamentario Sumar, en su proposición de ley sobre el cumplimiento de las obligaciones internacionales de no reconocimiento y no asistencia a situaciones de ocupación ilegal de territorios (BOCG de 13 de junio de 2025), añadió a la actual ley de contratos del sector público una nueva prohibición de contratar con las administraciones públicas. Esta nueva prohibición se establece respecto de las empresas incluidas en algunas de las resoluciones o listas publicadas por la Organización de las Naciones Unidas en las que relacionan empresas involucradas, directa o indirectamente, en actividades comerciales, económicas o financieras en asentamientos ilegales en territorios ocupados.

Estas medidas pueden llegar a tener una aplicación directa. En el caso de la proposición de ley si la misma se aprueba, y en el caso de la instrucción, una aplicación ya directa, en la medida en que es un recordatorio a las administraciones municipales de Barcelona para que hagan cumplir las obligaciones derivadas de los tratados de derechos humanos firmados por el Estado español.

La tragedia que cada día se vive en Gaza puede ser una ocasión para aplicar la instrucción. Asistimos impotentes al genocidio que va perpetrando el Gobierno de Israel. El uso estratégico de la contratación pública, al imponer la exclusión de las empresas que trabajan al servicio del Gobierno israelí de los procedimientos de licitación pública, si bien es una medida de escasa relevancia práctica, puede tener un importante valor simbólico en la defensa de los derechos fundamentales.

En este sentido, la entidad Transports Metropolitans de Barcelona, aplicando la instrucción del Ayuntamiento de Barcelona, excluyó de la licitación para la fabricación de 39 nuevos trenes a la empresa Alstom, al estar incluida en el listado de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por tener dicha empresa actividad en asentamientos israelís en territorio palestino. En la reciente actualización de su base de datos la citada oficina excluyó a Alstom, pero otras empresas, como CAF, siguen presentes en dicho listado.

Alstom recurrió su exclusión ante el tribunal catalán especial de recursos contractuales. Ciertamente, la aplicación de la instrucción puede plantear algunas dudas jurídicas en el momento de su aplicación, como las siguientes: ¿es competente el ayuntamiento de Barcelona para establecer estas medidas? ¿qué fuerza probatoria cabe atribuir al listado del Comisionado de Naciones Unidas? ¿podría aplicarse la exclusión con efectos retroactivos a contratos ya celebrados? El tribunal catalán de recursos contractuales tendrá una primera ocasión para pronunciarse sobre todos o algunos de estos temas

Pero, en todo caso, a nuestro entender, no cabe duda de que debe valorarse muy positivamente la voluntad política de haber integrado dentro de la contratación estratégica la defensa de los derechos humanos, y en particular la instrucción del Ayuntamiento de Barcelona, cuyo modelo podrían seguir otras administraciones públicas».

Joaquín Tornos Mas

Catedrático de Derecho Administrativo de la UB y socio del despacho.

Barcelona, 3 de octubre de 2025

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