MEDIO AMBIENTE-La Ley 8/2026 marca el inicio de la erradicación obligatoria del amianto en Cataluña

La Ley 8/2026, aprobada por unanimidad por el Parlamento de Cataluña, establece por primera vez un marco jurídico integral para la identificación, gestión y retirada obligatoria de los materiales que contienen amianto (MCA) en Cataluña, donde permanecen cerca de cuatro millones de toneladas de fibrocemento instaladas mayoritariamente entre los años sesenta y ochenta.

Hasta ahora no existía obligación de retirar los MCA salvo que hubieran agotado su vida útil. La norma asume los horizontes europeos: retirada del amianto de los edificios públicos antes de 2028 y eliminación total antes de finales de 2032.

Entra en vigor el 3 de octubre de 2026 (tres meses desde su publicación). Los sujetos obligados deberán retirar el amianto en los plazos que fijen con carácter vinculante las instituciones competentes.

Contenido esencial

• Instrumentos organizativos: Comisión Catalana de Erradicación del Amianto; Plan nacional de erradicación (rendición de cuentas bienal ante el Parlament); Censo catalán de MCA, en el que se integran los censos municipales y que puede surtir efectos de censo municipal en tanto el ayuntamiento no disponga de uno propio; y Registro de empresas y profesionales capacitados.
• Administraciones públicas (art. 9): deben completar y actualizar los censos, planificar la retirada en equipamientos públicos, ejercer control e inspección e incorporar la erradicación del amianto a la contratación pública (cláusulas sociales y ambientales, estudio de gestión de residuos en obras y demoliciones, medidas ante hallazgos sobrevenidos durante la ejecución).
• Propietarios, ciudadanía y profesionales (arts. 10-12): prohibición de manipular MCA fuera de los supuestos autorizados; deber de comunicar su presencia a la administración; certificado de presencia o ausencia de amianto en compraventas y arrendamientos de viviendas e inmuebles, con deber de reflejarlo en la publicidad de la oferta; los administradores de fincas deben comunicar los MCA al censo, velar por la entrega del certificado e informar de las ayudas disponibles.
• Financiación: Fondo para la Erradicación del Amianto de Cataluña, nutrido entre otras fuentes por la recaudación sancionadora y la responsabilidad ampliada del productor; garantía de suficiencia financiera municipal; propuesta de fondo estatal territorializado. Se mantiene la línea anual de subvenciones de la ARC (bases 2026: Resolución TER/1547/2026, hasta 30.000 € por inmueble).
• Régimen sancionador: multas de hasta 100.000 € para infracciones graves por incumplimiento de las obligaciones de detección, comunicación, gestión o retirada; multas coercitivas como ejecución forzosa; declaración de interés social a efectos expropiatorios.
• Salud y víctimas: refuerzo de la vigilancia sanitaria, Registro de mesoteliomas, reconocimiento de las víctimas y de las poblaciones especialmente afectadas (Cerdanyola del Vallès, Ripollet y Badia del Vallès), con compensaciones pendientes de reglamento.

Desarrollo reglamentario pendiente
En seis meses desde la entrada en vigor debe operar el Registro de empresas y profesionales; en un año desde la aprobación, el reglamento debe concretar los procedimientos de identificación y retirada, el transporte y depósito de los MCA, el régimen del certificado, los órganos sancionadores y los criterios de las multas coercitivas. Hasta ese despliegue, buena parte de las obligaciones sustantivas (certificado, plazos concretos para sujetos privados, compensaciones) carece de operatividad plena.

Implicaciones prácticas
Entes locales: la ley intensifica las obligaciones de la DA 14.ª de la Ley 7/2022 (censo y calendario), añade funciones de inspección y pone la contratación pública al servicio de la erradicación. La suficiencia financiera garantizada por la Generalitat será previsible fuente de conflicto si la dotación del Fondo resulta insuficiente.

Propietarios de inmuebles: cambio de paradigma, de la permanencia tolerada a la retirada programada con horizonte 2032 y respaldo sancionador (señaladamente frente al mantenimiento de fibrocemento degradado). El certificado de amianto operará en el tráfico inmobiliario de modo análogo al certificado energético, y la presencia de MCA pasará a ser elemento ordinario de la due diligence en edificios anteriores a 2002.

Sector de la edificación: la detección y gestión del amianto deviene requisito transversal en demoliciones, reformas y mantenimiento, con empresa RERA, plan de trabajo aprobado y gestor autorizado.

Normativa de referencia: Ley 8/2026, de 2 de julio (DOGC núm. 9699, 3-7-2026); Ley 7/2022, de 8 de abril (DA 14.ª); RD 396/2006; Directiva (UE) 2023/2668; Resolución TER/1547/2026.

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